UN PROGRAMA POLÍTICO
Un programa político para una organización revolucionaria es un documento que establece los principios, objetivos, estrategias y tácticas que guían la acción de dicha organización en su lucha por transformar la sociedad.
Este programa define la visión de Liza sobre el sistema actual y sus contradicciones en el ámbito de la vivienda. No se limita a esbozar los principios reguladores de la sociedad futura, ya que es también nuestra propuesta de una alternativa concreta para superarlo, basada en los intereses de la clase trabajadora.
SITUACIÓN SISTÉMICA Y COYUNTURAL
El problema de la vivienda es difícil de resolver dentro del sistema capitalista. Aunque esto es cierto, no debemos abandonar nuestras luchas parciales. La acción revolucionaria necesita desarrollar demandas mínimas para crear una fuerza social real que se manifieste en conciencia, autonomía y organización eficaz.
Ninguna medida parcial, ya sea por motivos caritativos o por la defensa de la propiedad privada o cooperativa, podrá solucionar el problema a largo plazo. El capitalismo, en su hábito de acumular y expandirse, repite las mismas dinámicas constantemente. Si el movimiento de vivienda es interesante como espacio de acción política, es por la capacidad que tiene para atraer la atención mediática, por la variedad de sujetos políticos que intervienen y porque es uno de los pocos campos activos de lucha social actualmente.
En cuanto al papel de la clase trabajadora en este problema, puede llegar a ser contradictorio. Un propietario que es parte del proletariado puede adoptar una conciencia «pequeñoburguesa» al defender su propiedad y querer explotarla para obtener beneficios. Además, algunos proletarios se convierten en empresarios a través del negocio de la vivienda turística, agravando aún más la situación.
Por ello, defendemos que es crucial relacionar el problema de la vivienda con los salarios, pues solo así se puede superar esta dinámica de subjetivación burguesa. Los propietarios no deberían compensar sus salarios con la renta, porque el derecho a un techo debe estar garantizado colectivamente sin depender de ser propietario. Además, la cuestión de la deuda hipotecaria también está ligada a las condiciones laborales.
Por otro lado, el teletrabajo, aunque mejora algunas condiciones laborales al eliminar desplazamientos en la población local, beneficia a los capitalistas en otros ámbitos y crea otros problemas para los trabajadores, como la disgregación de equipos, lo que dificulta la organización obrera al no centralizar a los trabajadores en los lugares de trabajo, y el ahorro de infraestructura para las empresas.
Así, la actual crisis de vivienda se agrava por la llegada masiva de personas a las grandes ciudades, lo que provoca altos alquileres y hacinamiento, afectando tanto a la clase trabajadora como a la pequeña burguesía.
Este escenario plantea dos problemas principales: cómo lograr la hegemonía obrera en un frente amplio y cómo evitar alinearse con reformistas y burgueses. La delimitación técnica del “pequeño rentista” plantea cierta complejidad (ya sea por el número de inmuebles o por el grado de dependencia económica de esas rentas), pero responde a un proceso histórico claro: la articulación de una “sociedad de propietarios” de raíz neoliberal, diseñada para desproletarizar a sectores populares e inculcar un sentido común propietario. Aunque la propiedad inmobiliaria se está concentrando velozmente en manos de personas jurídicas y multipropietarios en las grandes ciudades, los arrendadores de una sola vivienda representan todavía cerca del 47% del mercado. Esta realidad genera un escenario en el que una fracción de la propia clase trabajadora participa activamente en el negocio inmobiliario mediante prácticas de extracción de renta de carácter burgués, confrontando directamente los intereses materiales del conjunto de los arrendatarios.
Esta dinámica encierra una contradicción evidente, pues existen hogares populares que recurren al cobro de rentas para compensar salarios de miseria o pensiones insuficientes. Sin embargo, pretender resolver la vulnerabilidad individual extrayendo la renta de otra familia trabajadora constituye una práctica objetivamente antiobrera. Mantener una postura tibia ante este fenómeno frena el avance del movimiento de vivienda y choca con la labor diaria de los sindicatos de barrio. Asumimos que el rentismo popular actúa como un enemigo de clase al que debemos combatir frontalmente. Esto exige impulsar una crítica discursiva abierta, deconstruir la empatía ideológica hacia el “pequeño propietario” y despersonalizar la figura del rentista para señalar el papel extractivo de la renta, enmarcándolo dentro del cuestionamiento general al sentido común propietario y la desmercantilización de la vivienda.
Por otro lado, la idea de una economía racional bajo control obrero es una propuesta radical, que puede considerarse vanguardista en este contexto. Sin embargo, cualquier acción parcial que no relacione la vivienda con la cuestión laboral puede empeorar el problema. El capitalismo necesita que los trabajadores vendan su fuerza laboral, y cualquier mejora en vivienda o servicios esenciales podría llevar a una reducción salarial. En este sistema, todas las cuestiones económicas están interrelacionadas, formando un sistema total.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El horizonte político y social que orienta nuestra acción en el ámbito de la vivienda está definido por los siguientes objetivos:
- Desmercantilizar la vivienda: eliminar su carácter de inversión especulativa.
- Expropiación social de viviendas: para la construcción de un parque social.
- Autogestión territorial: barrios y pueblos organizados en asambleas para decidir el uso del suelo en una reorganización territorial racional, descentralizada y federal.
- Derogación de leyes represivas: contra la criminalización de la okupación y los desahucios.
- Cambio del modelo productivo hacia una economía racional de autosuficiencia.
- Abolición del sistema hipotecario.
- Reconversión ecológica y autosuficiente del parque de vivienda y de los territorios.
- Desprivatización y descomercialización de la vida cotidiana y de la cultura hacia un modelo socialista.
- Organización internacional de la clase trabajadora e internacionalismo.
PLATAFORMA DE DEMANDAS
Para lograr los objetivos estratégicos, articulamos las siguientes demandas, como una crítica profunda al sistema capitalista y sus consecuencias sobre la vida de la clase trabajadora en el ámbito de la vivienda.
I. CRÍTICA AL MODELO PRODUCTIVO
Planteamos una crítica a un sistema productivo basado en la precarización laboral, la terciarización de la economía y la subordinación de los organismos públicos a los intereses privados de especuladores y grandes explotadores, desmantelando nuestros derechos, debilitando la soberanía popular y cebándose aún más con la población más vulnerable.
Frente a ello, defendemos la necesidad de una reorganización integral del sistema productivo, que responda a las necesidades de la clase trabajadora en su conjunto y sirva a sus intereses. Apostamos por una producción racional con los recursos y el equilibrio ecológico, fuera de dinámicas de crecimiento insostenibles que anteponen los beneficios individuales a la vida de las personas.
El giro hacia la economía basada en servicios y la connivencia institucional dispararon la especulación y el rentismo popular tras 2008. Frente a ello, construir vivienda protegida es un parche ineficaz e insostenible que desvía recursos públicos sin frenar la concentración privada.
II. REGULACIÓN DEL MERCADO
Demandamos la regulación del mercado de la vivienda y del alquiler anteponiendo el derecho a una vivienda digna por encima de los intereses de mercado, a través de:
- Vinculación del precio de la vivienda al salario mínimo.
- Mecanismos de control del mercado bajo control de instituciones propias de la clase trabajadora.
- Creación de un parque de vivienda social a través de la expropiación sin compensación de los grandes tenedores y especuladores.
- Reordenación territorial y planificación urbana con perspectiva ecológica y de clase.
- Transportes, accesibilidad y movilidad para todes.
III. DESPENALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Exigimos la despenalización total de la protesta social como derecho fundamental. Reclamamos la derogación inmediata de las leyes mordaza y de toda legislación represiva que criminaliza la movilización, la disidencia y la organización popular.
Estas leyes son utilizadas de forma sistemática para reprimir a quienes se movilizan por derechos sociales, laborales, ambientales, y, especialmente en los últimos años, también en el campo de la vivienda. Demandamos la anulación y reparación de todas las sanciones y condenas impuestas a personas que han sido penalizadas por ejercer su derecho a la protesta.
Asimismo, exigimos el fin de las prácticas de infiltración policial en movimientos sociales, que atentan contra nuestras libertades colectivas y vulneran derechos.
IV. PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS
Solicitamos la paralización inmediata de los desahucios hasta su reubicación en vivienda social, teniendo en cuenta cuestiones de arraigo, materiales y culturales.
La paralización inmediata de los desahucios es una necesidad urgente de clase, y una medida innegociable para garantizar la vida digna. Desahuciar significa arrebatar un techo y despojar a una persona de su territorio vital. Desahuciar rompe con las rutinas cotidianas, las redes de apoyo y los espacios que construyen las personas para sostener y cuidar. Es romper con los espacios que la clase trabajadora ha construido para resistir y reproducir la vida. La vivienda no puede entenderse como un bien de consumo, es una extensión del cuerpo social, un espacio donde se teje la identidad colectiva, la autonomía y el arraigo popular. Expulsar a alguien de su hogar es arrancarle su historia, su barrio y su memoria compartida. Es una agresión directa a las condiciones materiales y simbólicas que permiten la reproducción de la vida.
El arraigo es una condición material y simbólica que se construye en relación con el territorio, la historia colectiva y los cuidados. Desahuciar es cortar con esos vínculos. Es generar aislamiento, fragmentación y desmovilización. Una herramienta del capital para atomizar a la clase trabajadora y debilitar su fuerza organizada. Cortando toda posibilidad real de retorno a una vida con sentido y comunidad.
Bajo el capitalismo, la reproducción social está subordinada a las lógicas del beneficio privado. Los desahucios no son un error del sistema: son una estrategia consciente de desposesión. Para combatirlo, proponemos la autodefensa de clase, la solidaridad y la construcción de poder popular desde las bases. Exigimos la paralización total de los desahucios por justicia de clase.
V. SOBRE LA OKUPACIÓN
V.I. LA OKUPACIÓN COMO TÁCTICA
Ante una situación de voraz avance de la especulación y la acumulación de viviendas por parte de actores privados, la okupación es, en primera instancia, una táctica de presión y, en segundo lugar, una herramienta de supervivencia para muchas personas que pierden sus viviendas. Además, si bien de manera residual en comparativa con las formas de propiedad y alquiler, la okupación sigue siendo la alternativa habitacional para el sector más precarizado de la clase trabajadora, directamente excluida del mercado de la vivienda por su carencia de solvencia económica.
Somos conscientes de las limitaciones de la okupación, y en ningún momento debemos confundirla con nuestra estrategia en las luchas por la vivienda. Nos encontramos en un momento de fuerte represión hacia el movimiento de vivienda y la okupación se ha puesto en el centro del problema para la política institucional. Cualquier estrategia basada en la okupación no sólo se verá brutalmente reprimida en el corto-medio plazo, sino que las consecuencias hacia las personas que okupen van a seguir recrudeciéndose en los próximos años.
Pero no somos ingenuas, sabemos que nos encontramos en un proceso de reproletarización de la clase trabajadora que va a aumentar los casos de desahucios en los que la okupación sea la única alternativa viable. Pero no es sólo una cuestión de autodefensa, sino que es una herramienta con la que poder hacer mucho daño a las empresas y propietarios que acaparan la vivienda. La represión empieza desde el momento en el que te obligan a abandonar tu casa, desde que no se te ofrece ninguna alternativa, desde que se castiga a las personas que se encuentran en situación de calle. Desde esta perspectiva, consideramos que evitar adoptar la okupación como táctica es un error propio de posiciones cómodas y perspectivas clasistas de la lucha por la vivienda.
Pero también creemos en una okupación organizada bajo instituciones propias de la clase trabajadora, que democraticen la gestión de los espacios, que acuerden los límites y las herramientas de defensa que se van a adoptar en cada situación. Las tácticas basadas en la okupación deben estar siempre en continua revisión. No debemos caer en ciclos autorreferenciales que fetichicen la táctica o terminen por transformarla en la principal estrategia de nuestros espacios. Sabemos que el próximo ciclo político va embestir con fuerza contra todo lo que hemos construido, y las estrategias basadas en la okupación serán las primeras en ser brutalmente desactivadas. Es por ello que nuestra táctica debe estar siempre en continua revisión y reevaluación y siempre ser coherente con las condiciones del momento político e histórico.
V.II. REPRESIÓN, DESESTIGMATIZACIÓN Y DESPENALIZACIÓN
En los últimos años, hemos visto una creciente estrategia de estigmatización de la okupación, puesta en marcha por los medios de comunicación controlados por grandes corporaciones y alineados con los intereses de capitalistas y especuladores. Se ha construido un discurso securitario y de alarma social que presenta a las personas que okupan como vagos, maleantes y violentos. Se oculta, de forma deliberada, que muchas okupaciones se dan por parte de familias sin recursos, personas vulnerables o colectivos que crean espacios sociales. Por otro lado, bajo el término «okupación», los medios meten en el mismo saco situaciones que no tienen nada que ver, como familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca y se ven desahuciados, inquilinos en proceso de impago debido a abusos inmobiliarios o, incluso, personas estafadas por contratos fraudulentos sin otras alternativas de acceso a la vivienda.
Este discurso mediático tiene como fin justificar la represión del Estado y fortalecer socialmente la idea de que la propiedad privada de la vivienda es un derecho absoluto e intocable, incluso por encima de la vida de las personas. La falsa situación que transmiten los medios no responde a la realidad y busca manipular a la opinión pública para que se alinee con los intereses de los especuladores inmobiliarios. De acuerdo con los datos del propio Ministerio del Interior, las okupaciones representan sólo el 0,057% de las viviendas en el Estado español (si bien estas cifras podrían estar infraestimadas al tener solo en cuenta las denuncias presentadas en la via penal). Sin embargo, algunas encuestas indican que los medios han logrado instalar la percepción de que la okupación afecta al 51,3% de la población. Este pánico que difunden los medios no es casualidad, es una estrategia de propaganda capitalista, basada en sembrar miedo para justificar leyes más represivas, que recorten los derechos de la clase trabajadora en el ámbito de la vivienda y reforzar así los intereses de grandes propietarios y fondos de inversión.
Desestigmatizar la okupación a nivel social es esencial para el reconocimiento de la vivienda como un derecho básico y que nadie sea castigado por buscar techo. La okupación no es la solución a los problemas de la clase trabajadora, pero sí una opción legítima ante el sistema.
Por ello, exigimos la total prohibición de las empresas de desokupación, que son, en realidad, sicarios de la extrema derecha que se lucran de agredir, acosar y perseguir sistemáticamente a familias y personas vulnerables. Son una amenaza directa al derecho a la vivienda y a la convivencia pacífica en nuestros barrios. Su mera existencia es una muestra de la monetización de la represión y de la legitimación del odio clasista y xenófobo, que está validado por partidos políticos y por el propio Estado, alineándose con los intereses de los especuladores.
Además, apostamos por la total despenalización de la okupación, empezando por su eliminación dentro del Código Penal. Incluso dentro de la legislación burguesa, la okupación no es más que una cuestión civil relacionada con el derecho a la propiedad, algo en lo que la justicia penal no tendría que inmiscuirse. La codificación de la okupación dentro del Código Penal supone en la práctica castigos desproporcionados que solo tienen como objetivo la criminalización de la pobreza y la defensa a ultranza de la propiedad privada capitalista, algo que además afecta especialmente a la clase obrera migrante, quien no pueden optar a ninguna regularización de su situación administrativa si tienen antecedentes penales. Por este motivo debe ser inmediatamente eliminada.
VI. AVANCE HACIA UN SINDICALISMO INTEGRAL DE CLASE
Debemos trabajar por un modelo sindical capaz de integrar a la clase trabajadora en su conjunto. Que tome las demandas de las trabajadoras junto con las de las pensionistas, estudiantes y personas en situación irregular. Que integre el total de las facetas de la vida de la clase trabajadora en estructuras de autoorganización y lucha. Que pueda dotar de herramientas que permitan un crecimiento cualitativo y cuantitativo en las luchas por la vivienda, la defensa y ampliación de los derechos democráticos y la defensa de lo público frente a la especulación y privatización y de los servicios sociales.
Apostamos por el sindicalismo total como estructuras de autoorganización integral de clase y el sindicalismo de base como metodologías para su ampliación frente a las estrategias de coordinación y federación laxa de las luchas o a los “sindicatos” bajo control vertical.
VII. CRÍTICA RADICAL AL REFORMISMO Y A LAS BUROCRACIAS
El sistema capitalista y el Estado burgués a su disposición genera toda una serie de herramientas para disipar el conflicto de clases, desviándolo o reintegrándolo. Los partidos reformistas, los sindicatos de concertación y diferentes organismos de mediación son impulsados para realizar esta tarea.
La burocracia es un fenómeno impulsado desde arriba, producto estructural del sistema capitalista y de la división de clases. Es un mecanismo de mediación entre las bases y las estructuras de poder, consolidando una capa “profesionalizada” que monopoliza la representación y diluye la autonomía de clase. Las burocracias desarrollan intereses que quedan vinculados a los de las clases dirigentes.
Las burocracias actúan como aparatos de contención de la lucha de clases: canalizan el descontento hacia reformas limitadas, desmovilizan la acción directa, dividen y sectorializan las luchas y neutralizan la radicalidad en pro de avances parciales.
Para Graeber, los movimientos revolucionarios dependen de la capacidad de imaginar lo impensable (como una sociedad sin Estado o capitalismo), algo que la burocracia bloquea al priorizar la «practicidad», sofocando la creatividad política al reducir las soluciones a lo «posible» dentro del sistema.
Pero la burocracia sindical no es el único fenómeno de burocratización que se desarrolla en los conflictos de clase, también los movimientos sociales generan sus propios burócratas. Estas estructuras, menos formales que las de sindicatos o partidos, favorecen la emergencia como burócratas de aquellas figuras más «preparadas» (normalmente de los sectores más privilegiados de la lucha).
En los últimos años hemos visto tanto la proliferación de figuras mediáticas que realizaban esta función de burocratización y usurpación de los diferentes movimientos y también de su integración en estructuras del estado, partidos neoreformistas, ONGs o medios de comunicación. Al igual que las burocracias sindicales desarrollan unos intereses incompatibles con los de la clase trabajadora en su conjunto, lo que les convierte en un agente apaciguador de las luchas.
Parte de esta actividad se ha realizado bajo la lógica de la sectorialización de las luchas y de la negación del conflicto de clases. Esto ha supuesto la priorización de las demandas identitarias, sectoriales o parciales sin cuestionar la explotación económica, ocultando las estructuras capitalistas.
En el combate contra las burocracias proponemos:
- Fomentar la acción directa (sin intermediaros), en espacios amplios con la intervención de diferentes corrientes y la democracia radical; asambleas horizontales, mandatos revocables y selección de cargos a través de métodos democráticos.
- El objetivo es lograr establecer asambleas de trabajadores que se consoliden en estructuras de clase con proyectos revolucionarios si estos permiten, superando los limites impuestos por las burocracias de los sindicatos de concertación y de los movimientos sociales y delatar sus practicas y posiciones.
- Denunciar públicamente las prácticas burocráticas exponiendo su papel y a qué organizaciones pertenecen.
- Apoyar revueltas antiburocráticas dentro de sindicatos y movimientos con una perspectiva fraccionalista.
VIII. REGULARIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS Y SUMINISTROS
El acceso a suministros básicos como la electricidad, el agua o la calefacción no pueden ser entendidas como un privilegio sujeto a las normas de mercado, son un derecho de todas las personas. La falta de acceso a estos suministros y la liberación para los especuladores por parte del Estado sirve reforzar la precarización del trabajo y la dependencia de salarios insuficientes para cubrir, incluso, las necesidades más básicas.
Una comprensión sistémica del binomio estado/capital pasa por entender que el Estado funciona como una herramienta para favorecer el statu quo en todas sus dimensiones. A través de la consolidación del monopolio de la violencia instituye los marcos reguladores mas beneficiosos para el sistema de explotación.
En la cuestión de la propiedad pública o privada de los suministros y la vivienda se da la misma tensión. El Estado franquista era un régimen de control centralizado nacional al servicio del control de la clase trabajadora y al servicio de la explotación. La apertura al mercado internacional y la ofensiva neoliberal son un ataque a las condiciones de la clase trabajadora, como es parte de la lucha de clases la defensa de los servicios públicos, que en toda Europa son el resultado de la necesidad de estabilidad política a través de las desproletarización masiva.
Por ello, es necesario garantizar el acceso universal a los suministros. Para lograrlo, proponemos:
- Control de los suministros. Intervención de los servicios. Expropiación de las empresas energéticas para ser puestas bajo la gestión de instituciones de la clase obrera, garantizando así la democratización de los suministros y la aceptación de las condiciones del servicio y de la empleabilidad en las mismas. Precios regulados. Establecer tarifas accesibles basadas en la equidad y la justicia social. Proponemos un formato que recoja unas tablas de ingresos que permitan las facturas únicas basadas en paquetes (luz+agua/gas+luz+agua). Estas tablas deben también recoger determinados ingresos (como el PNC, IMV u otros subsidios) que favorezcan los llamados actualmente «bonos sociales», «bono térmico», etc., quedan estos fuera de facturación. Transparencia. La gestión de suministros debe estar sujeta a control de instituciones de la clase obrera, evitando posibles abusos, corrupción, mal uso de los recursos, etc.
- Protección contra cortes de suministros. Prohibición de cortes por impagos, especialmente en hogares donde los ingresos y otros factores sociales estén vinculados con el impago. De la misma forma, se establecerán periodos de excepción derivados de situaciones de crisis y se tendrán en cuenta características que acrecientan la vulnerabilidad, como, por ejemplo, personas que dependen del suministro de electricidad para mantener un tratamiento médico. Mediación y apoyo. Implementación de programas de mediación y reestructuración de deudas para hogares que enfrentan dificultades en el pago.
- Participación y control democrático. Gestión comunitaria, a través de cooperativas o entidades locales, que aseguren que las decisiones tomadas respondan a las necesidades de la población. Por ejemplo, en el barrio madrileño de Orcasitas, 2.276 familias disponen de servicio de calefacción por menos de 40€ al mes siguiendo este modelo. Energía comunitaria, con proyectos de generación de energía a nivel local, como paneles solares o sistemas de captación de lluvia, para reducir la dependencia energética de grandes empresas.
IX. DESPENALIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN Y REGULARIZACIÓN
El problema de la vivienda es también un reflejo de las políticas migratorias, racistas y de explotación. Afecta especial y directamente a las personas migrantes, y en concreto a aquellas que se encuentran en una situación administrativa irregular. Según la legislación actual, las personas migrantes que no han regularizado su situación administrativa no pueden acceder a ningún puesto de trabajo o vivienda por los cauces legales o habituales. Es, en la práctica, una exclusión estructural que mantiene a cientos de miles de personas en los márgenes legales del sistema.
El 90% de las personas que viven en asentamientos irregulares en el Estado español son de nacionalidad extranjera, de las cuales el 91% son africanas. Además, las personas migrantes representan el 55% de quienes viven en situación de sinhogarismo. La exclusión residencial y la falta de derechos básicos tienen un claro sesgo racista. En lo laboral la situación no mejora. Cerca de 900.000 personas extranjeras se encuentran excluidas del mercado de trabajo, y si atendemos al género, el 20% de las mujeres extranjeras están igualmente marginadas. Las personas extranjeras extracomunitarias se concentran en los empleos más precarios: sufren una mayor temporalidad (el 40% con contratos de menos de 3 meses), trabajos sin contrato, jornadas abusivas y condiciones laborales indignas. Incluso teniendo titulaciones superiores, entre 3 y 4 de cada 10 personas migrantes con estudios universitarios acaban en empleos de baja cualificación. Los discursos de odio y las leyes que consolidan esta precariedad configuran un «apartheid laboral». Las personas migrantes son tratadas como mano de obra barata con derechos extremadamente limitados. Se fragmenta la clase trabajadora, sometiendo a diferentes sectores a legislaciones distintas, enfrentándolos entre sí, para que los costes empresariales se reduzcan. Esta situación mantiene a miles de personas en la ilegalidad, la marginalización y la explotación para, después, culparlas de su propia situación.
Esta situación genera una doble problemática con respecto a la vivienda: La imposibilidad de acceder a una vivienda de forma legal genera necesariamente un mercado del alquiler de vivienda encubierto, en el que se alquilan o se realquilan partes de la vivienda sin contrato y sin unas condiciones mínimas aseguradas de habitabilidad o espacio vital suficiente. Familias enteras hacinadas en habitaciones precarias, desalojos constantes y personas viviendo en situaciones de calle son el resultado de una ley que hace oídos sordos a todo un mercado que se aprovecha de la situación de precariedad provocada y se lucra consumiendo las vidas de las personas migrantes que viven en nuestros barrios y ciudades. Las normativas obligan a las migrantes a aceptar trabajos especialmente precarizados y de riesgo, con salarios bajos fuera de convenio o cualquier otro acuerdo, que les incapacita para generar ahorros y poder acceder a una vivienda en el mercado actual, incluso tras regularizar su situación administrativa.
Las personas en situación administrativa irregular están obligadas por las leyes del Estado a vivir en condiciones precarias y alimentando una burbuja de alquiler. Es por ello que afirmamos que, hasta que no se haya regulado la situación administrativa de todas las personas migrantes, no será posible solucionar el problema actual de la vivienda para la clase trabajadora.
Por todo lo expuesto, exigimos:
- La regulación inmediata de la situación administrativa de todas las personas migrantes en lo referente a permisos de trabajo y residencia.
- La abolición de la ley actual de extranjería (Ley Orgánica 4/2000, 11 de enero), así como de las normativas que relegan a la precariedad a las personas migrantes.
- El fin de las políticas represivas, así como actos del Estado que atentan contra la vida y la integridad de las personas migrantes, incluyendo actuaciones por parte de la policía y violencias institucionales.
- El cierre de los CIES y los centros de detención e internamiento y las persecuciones policiales.
- La retirada de la calificación de la migración como «amenaza híbrida» para la UE, que vincula la migración con el terrorismo y abre la colaboración con países fronterizos para la externalización de las fronteras.
X. VIVIENDA DIGNA, SALUBRIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
Los programas de vivienda social y las alternativas habitacionales que se ofrezcan a personas sin hogar o en un proceso de okupación deben responder a unas necesidades físicas y sociales y, en general, ofrecer la posibilidad del desarrollo de una vida plena y digna en su interior.
En estos términos de dignidad, debemos exigir que las alternativas habitacionales que se ofrezcan sean algo más que cuatro paredes y un techo. Para hablar de dignidad debemos, primero, pensar en términos de permanencia y accesibilidad. Las alternativas habitacionales no pueden ser de carácter temporal y deben responder a las necesidades físicas y económicas de las personas que las habiten. No podemos ofrecer alternativas cuyos precios no sean asumibles por las personas a las que van dirigidas.
Por supuesto, deberán constar de todas las instalaciones necesarias para la supervivencia, a saber: agua, electricidad, gas y eliminación de residuos, así como sistemas de mantenimiento de la temperatura tanto para el verano como para el invierno. Además, deberán constar del espacio vital necesario para la convivencia de todos sus habitantes, así como de infraestructuras para la iluminación, ventilación, etc.
También deben valorarse factores sociales y de entorno. Todas estas viviendas deberán tener la capacidad de acceder a los servicios necesarios para el desarrollo de la vida personal y social, tales como centros médicos y educativos, transporte público, etc., así como estar situadas en zonas libres de contaminación, con un sistema de recogida de basuras y libres de riesgos.
VISIÓN DE FUTURO
Imaginemos un mundo en el que estas medidas se han aplicado y no bajo el amparo del Estado, sino como el fruto de una lucha organizada de clase.
La vivienda ha dejado de ser una mercancía, ahora se gestiona de forma colectiva. No existen los rentistas populares, fondos buitre o bancos malos: sus viviendas ahora conforman un parque social autogestionado, controlado por las propias vecinas mediante asambleas populares.
Los cambios han mejorado el bienestar material y emocional de la clase trabajadora, que ya no vive atrapada en un estado constante de ansiedad e incertidumbre. La angustia de no saber si tu casero te renovará el contrato, el miedo de no llegar a fin de mes por el alquiler o la hipoteca, la violencia de los desahucios o la imposibilidad de la juventud para crear un proyecto de vida por la falta de acceso a la vivienda ya no marcan la vida cotidiana. La certeza de tener un techo seguro y digno ha permitido planificar un futuro sin temor y ha potenciado los vínculos y proyectos comunitarios.
La planificación urbanística no responde al interés del capital y sí al bienestar de todes. Los barrios y pueblos toman las decisiones que afectan a sus territorios: el uso del suelo, los modelos energéticos, la movilidad, etc. La economía se ha orientado hacia la producción útil, no hacia el consumo desenfrenado basado en un falso crecimiento sin límites.
La lucha por la vivienda se ha entrelazado con otras. El sindicalismo total ha abordado todos los espacios de la vida de la clase trabajadora, desbordando los límites de los sindicatos burocráticos. Las asambleas de gestión de la vivienda son también asambleas de trabajadoras, de estudiantes, de jubiladas, en las que se abordan sus problemáticas de manera holística.
Este futuro no es inevitable, pero, desde luego, sabemos que sí que es posible. Lo creamos poco a poco, paso a paso, en cada asamblea, en cada acción organizada y en cada red de apoyo que formamos. Un futuro sin amos, en el que la vivienda no es un premio o una carga, es un derecho garantizado colectivamente.